En pasados días del mes de abril de 2024 un Tribunal de Justicia de la ciudad de Ho Chi Minh, capital de Vietnam, ha condenado a una empresaria del sector inmobiliario a la pena máxima por un proceso en el que se le ha encontrado culpable de malversación de fondos, soborno y violaciones de regulaciones bancarias. Se trata de la magnate Truong My Lan, fundadora de la empresa Van Thinh Phat, promotora inmobiliaria enfocada en el desarrollo de proyectos residenciales de lujo, oficinas, centros comerciales, hoteles, además del ofrecimiento de ciertos servicios financieros.
Lan permanecía bajo arresto desde el 6 de octubre de 2022, luego de que investigaciones llevadas a cabo por las autoridades vietnamitas llevaran a su formulación de cargos, acusada de emitir ilegalmente bonos por valor de decenas de millones de dólares estadounidenses en 2018 y 2019, además de utilizar 916 solicitudes de préstamos falsas para apropiarse de más de 12,5 mil millones de dólares estadounidenses del Saigon Joint Stock Commercial Bank, del cual poseía más del 90 por ciento de las acciones. El hecho es considerado el acto de corrupción más significativo en la historia del país.
En el proceso penal fueron acusadas más de 80 personas, entre ellas la nieta, la sobrina (condenada a 17 años) y el esposo de Lan (condenado a 9 años). La mayoría del resto de los acusados figuraban como ejecutivos del antes mencionado banco, algunos que a la fecha aún se mantienen prófugos de la justicia. El 11 de abril de 2024, Lan fue condenada a muerte por inyección letal. Otro de los acusados incluye a un alto funcionario del Banco Central de Vietnam, quien habría recibido un soborno de más de 5 millones de dólares, fue condenado a cadena perpetua.
En Vietnam se impone la pena de muerte a razón de delitos económicos. Diversos grupos en pro de los Derechos Humanos aseguran que el país ya ha ejecutado a cientos de convictos en los últimos años. La práctica no es extraña en otros países asiáticos, como China, en donde en años recientes se ha condenado a funcionarios públicos y directivos del sector financiero, sin embargo, en este país la pena suele ser conmutada por condenas de cadena perpetua.