La propuesta se define a si misma como “Una manifestación de la economía participativa que permite a los ciudadanos tomar un rol activo en la financiación de iniciativas empresariales y proyectos creativos. Es una fuerza
democratizadora poderosa que iguala el campo de juego, ofreciendo a emprendedores de todos los
estratos socioeconómicos la oportunidad de convertir sus ideas en realidad”.
El Proyecto de Ley 168 de 2023 proporciona la siguiente definición puntual para el concepto “mecanismo de recaudación de fondos donde múltiples individuos o entidades aportan capital, predominantemente a través de medios electrónicos o plataformas digitales, con el objetivo de financiar una iniciativa específica”. Esta modalidad ha venido en constante crecimiento como un método alterno preferido por emprendedores y PYMES a lo largo del mundo para acceder al capital inicial requerido para fondear el arranque de proyectos que difícilmente logran acceder al esquema de financiamiento y créditos financieros tradicionales.
El “crowdfunding” o financiamiento colectivo es una de las más poderosas e innovadoras tendencias que se han hecho posibles por la proliferación de las “Fintech”, término anglosajón que hace referencia a “Financial Technologies” o tecnología financiara, un conjunto de tendencias que han materializado la transformación de la tradicional forma en la que se manejaba la industria financiera mediante el uso de los potentes nuevos avances tecnológicos que hacen posible la interconexión y automatización de procesos, sin mencionar la democratización del acceso de cada vez más personas a herramientas financieras que han sido aprovechadas para potenciar muchos emprendimientos en América Latina, y el mundo entero.
El financiamiento colectivo ha experimentado un gran crecimiento y se ha transformado en un negocio global de miles de millones de dólares en el lapso de los últimos cinco años. El segmento más exitoso del emergente mercado es el de los préstamos colectivos, que también se conoce como préstamos entre pares (P2P) o préstamos del mercado, y tuvo un volumen de mercado global estimado de USD 25 mil millones en 2015.
El proyecto fue propuesto por el diputado independiente Raúl Fernández, y está inspirado en legislaciones de países latinoamericanos que previamente han tratado el tema, como España, Chile y Colombia. El propósito básico es abrir y regular el camino para que inversores y emprendedores se conecten a través de plataformas digitales, que sirven de mediadores para facilitar la inversión en pequeña escala entre una cantidad de personas que de forma cooperativa aportan los fondos para un proyecto, a cambio de determinados beneficios.